Tiñalpas

Mi entrañable colega cartagenero José Muelas escribe hoy en su Blog unas consideraciones que desde Civica Dignitas suscribimos íntegramente:

Los bancos llaman en busca de ayuda a todos los poderes del estado desde que se conoció la sentencia de la Sala 3ª declarando que el obligado al pago del impuesto era el banco.

Afirman que devolver lo abusivamente cobrado en los últimos quince años causaría graves daños al sistema financiero (traducido: les costaría una pasta a ellos) y que muchas entidades habrían de cerrar.

Lloro de pena.

Verdaderamente apena que cualquiera de estas entidades haya de ser absorbida por algún otro pez más grande porque no puede devolver lo afanado. Que ellas hayan dejado a familias en la calle y a personas sin más futuro que trabajar para ellos hasta la muerte nunca les ha motivado para levantar ni un sólo teléfono.

Ahora llaman a los ministros para contarles lo fatal que lo pasaría «la economía» si ellos se ven obligados a devolver lo esquilmado. A lo que se ve «la economía» de todos es solo la suya y, la de los ciudadanos que la han visto antes depredada precisamente por quienes se quejan, no son más que las granjerías de unos tiñalpas.

Los tiñalpas no debiéramos dejar que ahora el gobierno vuelva a despacharse con decretitos ralentizadores, ni debiéramos tolerar esas voces que inmediatamente pedirán «mediaciones» y «arbitrajes» so capa de un buenrollismo tonto de baba.

Los bancos han convertido durante años a la administración de justicia en su oficina de cobro, de ejecución, de subasta, de desahucios… todos los españoles hemos pagado la cuerda con que los bancos nos han ahorcado llamándola administración de justicia. Ahora, los bancos, no quieren permitir que su «oficina de recobros» haga honor a su nombre de Administración de Justicia y les diga lo que han de hacer y por eso piden ayuda al gobierno.

En los próximos días vamos a saber quién es quién en este país y de qué lado está cada uno. Van a ser semanas interesantes. O irritantes.

Los fines de “Civica Dignitas”.

1.- El amparo al ejercicio ciudadano de las libertades individuales y los derechos civiles y públicos así como la promoción y difusión de los mismos como fundamentos de la dignidad ciudadana.

2.- La exigencia a los cargos públicos de respeto a la primacía de interés común, la dignidad y solidaridad cívicas, la transparencia y responsabilidad personal.

3.- La información y denuncia públicas y/o en los tribunales de justicia de las actuaciones de los poderes públicos contrarias a las libertades, derechos y principios señalados, así como de las prácticas  corruptas surgidas tanto en la actividad pública, como en la privada desarrollada por personas o grupos sociales, élites extractivas o castas privilegiadas. La concienciación social sobre la necesidad de su rechazo y eliminación de la sociedad.

 

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