Ministros y procesiones

Ministros y procesiones

por José Muelas

La separación iglesia-estado y el carácter aconfesional de España no parecen haber sido bien entendidos, tras 40 años de Constitución, por nuestros políticos que, llegada Semana Santa, compiten por participar en actos litúrgicos y procesiones conscientes del tirón popular de las mismas. La Semana Santa se convierte así en una especie de período pre-electoral en el que los padres de las patrias grandes y chicas se esfuerzan por demostrar su vinculación con tan populares tradiciones.

El espectáculo está servido, ministras de defensa golpeando las campanas de los pasos, ministros de justicia besando medallas o jaleando actos religiosos, alcaldes y concejales «codeándose» para salir delante de un paso y prebostes varios buscando como tener un momento de gloria en esta semana de pasión, ya sea dando pregones, portando velas o atizando turiferarios.

Yerran.

La presencia de las corporaciones civiles —que debiera ser excepcional— en este tipo de actos está sometida, legal y jurisprudencialmente, a requisitos que no son más que una aplicación del sentido común a estas cosas, a saber:

El primero de los requisitos es que exista una tradición previa que justifique la presencia de la corporación civil en ese acto. Tranquilos pues con las tradiciones… pero con las tradiciones de verdad; si el alcalde de su pueblo lleva saliendo en la procesión del Santo Entierro desde 1898 no tema, podrá seguir haciéndolo, pero, si al alcalde se le ocurre este año que va a salir por primera vez con la corporación municipal en el Via Crucis del Viernes de Dolores o en el Triduo del Muy Santo titular de una cofradía recién fundada, haría bien en pensárselo dos veces.

Me enfada ver a piquetes militares o de la policía local escoltando procesiones a las que nunca antes había escoltado, me molesta ver a alcaldes y concejales participando en actos cofrades en los que participan por primera vez y en general me molesta mucho este aprovechamiento político de ritos religiosos que, además, olvida y contraviene cómo han de ser las relaciones entre el poder político y las confesiones religiosas.

Cuidado, en España se hace algo dos veces seguidas ya parece considerarse «tradición» y no es así. Ahora que ministros alcaldes y concejales acuden a actos religiosos de nuevo cuño o simplemente a los que antes no asistían, alguien debiera recordarles que España es un estado aconfesional, que su presencia allí no es acorde con este carácter aconfesional y que, incluso, su presencia en actos de nuevo cuño hace perder excepcionalidad a esos otros actos en los que sí ha sido siempre tradicional la presencia de corporaciones civiles. Las cofradías con tradiciones de verdad debieran estar particularmente interesadas y cuidar muy mucho que otras cofradías y políticos «wannabe» no infringiesen el ordenamiento, aunque sólo fuese por preservar su excepcionalidad.

Así pues, a todos aquellos que se lanzan al valamío cofrade en busca de votos, debiera dárseles un muy serio toque de atención: su conducta es con mucha probabilidad contraria al ordenamiento y perjudicial incluso para los actos en los que participan, claro que, eso, comparado con la expectativa de obtener unos cuantos votos más, a ellos no va a importarles mucho.

El segundo requisito es que la presencia de la corporación o cargo civil no suponga en ningún caso expresión de que se reconoce a la confesión en cuyo acto se participa mayor credibilidad o relevancia espiritual que a otras. Quienes, como representantes de instituciones o corporaciones civiles, participan en actos religiosos debieran cuidar muy mucho este extremo.

Y finalmente, es requisito que la presencia de la corporación en ese acto presente algún tipo de conexión lógica, otra cosa que no siempre sucede.

Si aplicásemos estas normas la participación de las corporaciones civiles en actos religiosos quedaría reducida a su justa expresión. Una tradición arraigada justificaría la excepcionalidad de la presencia de estas corporaciones en actos religiosos y vedaría el circo político-mediático que contemplamos cada Semana Santa. Sí, serían muy pocos los actos a los que pudiesen asistir políticos, pero eso es bueno para las tradiciones genuinas y sobre todo para legalidad constitucional.

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